LAS NECESIDADES HUMANAS Y LA POBREZA

LAS NECESIDADES
HUMANAS Y LA POBREZA
La economía trata de resolver el problema de cómo satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos y susceptibles de usos alternativos. La finalidad de la actividad económica realizada por los seres humanos es la satisfacción de sus propias necesidades.
Necesidad es una sensación de apetencia de un determinado objeto, originada biológica o psicológicamente. Las necesidades tienen carácter económico si los recursos de que se dispone para satisfacerlas son escasos.
Los problemas económicos no surgen sólo por las necesidades materiales; las necesidades inmateriales (la apetencia de seguridad y paz, cultura y arte, de bienestar espiritual, etc.) también tienen carácter económico en cuanto los medios para satisfacerlas sean escasos. Así, por ejemplo, la paz espiritual que proporciona la asistencia a una ceremonia religiosa requiere una serie de medios (edificios especiales, sacerdotes o líderes espirituales, ropajes ceremoniales, objetos litúrgicos) todos ellos escasos y susceptibles de usos alternativos.
Podemos distinguir entre las necesidades básicas, que son las que comparte el hombre con el resto de los seres vivos y las necesidades sociales, que son las originadas por el momento histórico y el contexto social en que se vive. Vestirse para protegerse del frío o del sol es una necesidad básica; el que el vestido tenga forma de traje de chaqueta, chilaba o shari, es una necesidad social. A veces se clasifican también las necesidades en primarias y secundarias, considerando como necesidades primarias todas las que una sociedad considera imprescindibles para un ciudadano normal o medio. Este análisis de las necesidades humanas podría servir de base para una definición absoluta de pobreza. Podríamos decir que "una persona es pobre si no tiene cubiertas todas sus necesidades primarias (o todas sus necesidades básicas)". El problema que plantea este tipo de definición es que la línea que separa los tipos de necesidades está muy borrosa ya que se basa en la opinión de la sociedad, lo que es muy difícil de medir.
Alternativamente podemos utilizar la DEFINICIÓN RELATIVA DE POBREZA que dice: "pobre es todo aquel que gana menos de la mitad de la renta per. Cápita de su país (o región, o ciudad, o territorio en el que se haga el estudio estadístico)".
Esta definición es la utilizada más frecuentemente en los estudios estadísticos y por organismos internacionales. Por simetría podemos concluir que "rico es todo aquel que gana más del doble de la renta per cápita media de un país". Esta definición tiene la ventaja de que se puede medir con absoluta precisión en términos monetarios, pero tiene también muchos inconvenientes ya que muchos pobres de los países más ricos podrían ser considerados ricos en los países más pobres. Para profundizar en este tema recomendamos la lectura del artículo del economista Amartya Sen, premio Nóbel de Economía en 1998, Conceptos y medidas de la pobreza
Según datos ofrecidos por organismos internacionales, hay mil doscientos millones de personas, una quinta parte de la población mundial, que todavía no tiene acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención básica de la salud. Cien mil personas mueren diariamente víctimas de las enfermedades causadas por la desnutrición de las que cuarenta mil son niños menores de cinco años. La pobreza no está excluida de ningún lugar del mundo. Incluso en los países más avanzados viven personas a las que resulta difícil satisfacer sus necesidades más elementales. Por otra parte, el explosivo crecimiento de la población mundial no hace sino agravar estos problemas.
Concepto Clave – Alimentación- FAO
HAMBRE – DESNUTRICIÓN- CUMBRE MUNDIAL SOBRE ALIMENTACIÓN – SEGURIDAD ALIMENTARIA – REVOLUCIÓN VERDE – REGENERACIÓN DE SUELOS – PLANIFICACIÓN FAMILIAR – UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS
En el mundo hay medios suficientes para alimentar a sus 6.000 millones de habitantes. A pesar de ello muchas personas no tienen acceso a alimentos suficientes para gozar de una vida sana. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha publicado una lista de 82 países pobres que corren riesgo especial. Estos países son los de más rápido crecimiento de la población, que, además, tienen un sistema productivo muy ineficaz y carecen de medios para importar los alimentos que necesitan.
En los países pobres, especialmente en los que la población está creciendo rápidamente, el hambre y la desnutrición suelen ser problemas graves. Se estima que dos mil millones de personas sufren de desnutrición y deficiencias nutricionales.
Más de 840 millones de personas —mujeres y niñas en gran proporción— sufren de desnutrición crónica. Todos los años unos 18 millones de personas, sobre todo niños, mueren de inanición y de enfermedades causadas por la desnutrición.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 centró la atención internacional en el concepto de seguridad alimentaría —el acceso de todas las personas a "alimentos nutritivos para mantener una vida sana y activa", de acuerdo con la FAO. Las inquietantes tendencias de la producción agrícola y de las actuales políticas del comercio internacional plantean interrogantes acerca de la posibilidad de que la producción y la distribución de alimentos puedan o no mejorar con la rapidez necesaria para ponerse a la par del crecimiento de la población y alcanzar la meta de la seguridad alimentaria.
En los años sesenta se había conseguido que el abastecimiento mundial de alimentos se mantuviera al ritmo del crecimiento de la población. Merced a las nuevas tecnologías agrícolas, las mejores variedades de semillas y el riego —la revolución verde— el suministro de alimentos se expandió. Al mismo tiempo, en muchos países en desarrollo el uso de anticonceptivos se ha elevado considerablemente y la fecundidad ha bajado rápidamente. Pero entre 1985 y 1995, en 64 de 105 países estudiados por la FAO el aumento de la producción alimentaria fue menor que el crecimiento de la población. África produce ahora casi 30% menos de alimentos por persona.

Ver la resolución adoptada en 1999
Por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada
Además, las tentativas de satisfacer la creciente demanda de alimentos lleva a la gente a hacer uso excesivo de los recursos. En su mayoría, los países en desarrollo ya están cultivando prácticamente toda la tierra arable. En algunas zonas los suelos fértiles se están explotando sin darles tiempo a regenerarse. Los suministros de agua dulce se están degradando o agotando. La producción de la industria pesquera ha decaído.
Estas tendencias hacen cada vez más difícil satisfacer las necesidades alimentarías del mundo.
Para ganar la carrera de los alimentos no es suficiente con aumentar la producción agrícola. Es imprescindible la divulgación de los sistemas de planificación familiar. Además, la provisión de educación y atención de salud es esencial para mejorar el bienestar de la gente y promover así la productividad y la utilización sostenible de recursos. Para lograr la seguridad alimentaría se requiere también distribuir mejor los alimentos, abordar las necesidades de los pequeños agricultores y elevar la productividad agrícola al tiempo que se conservan los suelos y los recursos hídricos.
SU SIGNIFICADO EN LA HISTORIA DE LAS IDEAS Y EN LA ECONOMÍA. JESUS ANTONIO BEJARANO.

La palabra liberalismo es, sin duda, una de las más ambiguas, tanto en el vocabulario político como en el vocabulario económico; designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad individual, describe así mismo un conjunto de principios ideológicos de una serie de partidos políticos en el mundo occidental e identifica una perspectiva de análisis frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía. Todos estos significados, sin embargo, tienen su fundamento en el llamado "liberalismo clásico", característico de un modo de observar el mundo de la economía política que se remonta por lo menos hasta Adam Smith.

Los principios básicos del liberalismo fueron formulados a lo largo del siglo XVIII y pueden resumirse así: el Individuo es la fuente de sus propios valores morales; el proceso de comercio e intercambio entre individuos tiene tanto propiedades de eficiencia para lograr el bienestar colectivo, como de exaltación de la libertad; el mercado es un orden espontáneo para la asignación de recursos; el intercambio entre las naciones no sólo acrecentará la riqueza mediante la división internacional del trabajo, sino que también tenderá a reducir las tensiones políticas y la guerra; y, finalmente, la política pública debería limitarse a las pocas preocupaciones comunes de los individuos, la libertad, la seguridad, la justicia, etc. A riesgo de comprimir en exceso los rasgos distintivos del liberalismo clásico, pudiera señalarse, primero: un compromiso con la libertad personal, definida como la no interferencia en las creencias y en la búsqueda de objetivos privados; segundo: una política de estricta libertad económica, a la que habitualmente se denomina laissez faire y, tercero: una doctrina del gobierno limitado y restringido a asegurar las funciones básicas de la organización de la sociedad, particularmente, la libertad, la seguridad y la justicia.
El liberalismo clásico entró en decadencia hacia fines del siglo XIX, y el término liberal empezó a ser usado frecuentemente para describir un liberalismo intervencionista o social, particularmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Así, liberal en el sentido político llegó a identificar a aquél que propendía por la intervención del Estado para corregir particularmente las injusticias sociales. Paralelamente y en parte como una respuesta tardía, fue surgiendo una tendencia "neoliberal" en los Estados Unidos referida a un grupo de políticos e intelectuales asociados con el partido demócrata, quienes aceptan que la intervención gubernamental fue en el pasado demasiado extensa y que debería hacerse un uso mayor del mercado. Desde entonces el término Neoliberalismo cobijó una tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas, tales como la importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. Ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus propios intereses, las consecuencias colectivas serán mucho más beneficiosas que la represión de la fuerza o que la acción gubernamental. Esta proposición constituye, por lo demás, el fundamento del llamado individualismo metodológico, que es desde un punto de vista teórico el corazón mismo de la teoría liberal. En síntesis y desde una perspectiva moderna, el neoliberalismo puede ser definido como la creencia en que la intervención gubernamental usualmente no funciona y que el mercado usualmente sí lo hace. El fracaso del gobierno en la consecución de sus metas (fallo del gobierno) es predecible y según los neoliberales ha sido confirmado por la experiencia. El mercado, el intercambio voluntario de bienes y servicios satisfará habitualmente los requerimientos de los individuos con mucha mayor eficacia que el gobierno dentro de las restricciones de recursos limitados.
En realidad, el neoliberalismo y más precisamente el resurgimiento de las ideas liberales que impulsara Friedrich Hayek desde los años cuarenta, ha tenido un contexto favorable para su desenvolvimiento en los acontecimientos recientes de la historia mundial. La tesis del llamado "fin de la historia", expresión según la cual asistimos al triunfo de la democracia liberal capitalista y a la derrota definitiva del marxismo, nos deparará según sus defensores una expansión del liberalismo económico y político al que sólo se opondrán determinadas formas de nacionalismo y religión, significando un cambio radical en la consideración del papel del Estado como agente económico, cuyas funciones básicas se asociaron desde los años treinta a la responsabilidad de la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para asegurar objetivos como el pleno empleo de los recursos, y que tuvo su fundamento teórico en la revolución keynesiana.
NEOLIBERALISMO Y ECONOMÍA
La revolución keynesiana, como es sabido, implica la generalización del Estado de bienestar, entendido como aquel conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a todo ciudadano de una nación el acceso a un mínimo de servicios que mejore sus condiciones de vida. Este enfoque keynesiano predominó en la política económica hasta mediados de los años setenta; todos los gobiernos aplicaron como fundamento de la política económica el manejo de la demanda agregada y una política de gastos que tenía múltiples funciones, entre otras, garantizar el pleno empleo (con sus lógicas conexiones con el bienestar social), estimular el proceso de crecimiento en las economías de mercado y permitir el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones y al seguro de desempleo, entre otros, a la población de bajos ingresos.
La crisis económica de los años setenta altera de manera fundamental la perspectiva de la intervención del Estado y afectará además la naturaleza de la teoría. De hecho, el dictum de la era reaganiana según el cual "el Estado no es la solución, es el problema", atribuye al exceso de intervención del Estado, el desempleo masivo, la inflación, la debilidad del crecimiento, lo que por supuesto preparaba el campo para la crítica a la intervención estatal en los asuntos económicos. Desde entonces, se empezó a centrar más el análisis de las políticas públicas no en los fallos del mercado que pudieran corregirse con las intervenciones del Estado, sino en los fallos del Estado, en el exceso de intervención, en la burocratización, etc.
Sin embargo, las críticas al Estado keynesiano de bienestar siguen tres líneas distintas. La primera, concentrada sobre la teoría keynesiana, niega mediante distintos argumentos teóricos la utilidad de la intervención del sector público en la consecución de niveles satisfactorios de empleo e incluiría a las escuelas monetarista, de expectativas racionales y de la economía de la oferta. La segunda y tercera líneas se centran en las funciones de bienestar asumidas por el sector público. Por un lado, se critica el fracaso de las políticas de ingeniería social en la eliminación de la pobreza, esto es, se pone en cuestión la eficiencia productiva del sector público en la producción de servicios sociales; y, por el otro, se argumenta que el proceso de crecimiento de las actividades de bienestar desarrolladas en el sector público ha hecho que se transgreda uno de los principios básicos de la política de bienestar, cual es la severa alteración de los mecanismos del mercado. En otras palabras, el gasto público, resultado de la puesta en marcha de las funciones keynesianas de bienestar, interferiría con el proceso de crecimiento y distorsionaría el funcionamiento del mercado al eliminar los incentivos para la acción de los agentes individuales, considerados centrales en el sistema económico. Lo que une a todas estas escuelas es, por supuesto, la creencia compartida en la eficiencia y optimalidad del libre mercado y, como resultado de ello, una oposición frontal a toda política de control de la demanda agregada.
LAS REFORMAS NEOLIBERALES
De todo esto se deriva una conclusión que afecta fundamentalmente la perspectiva de la intervención del Estado. El objetivo fundamental de la política económica, según las orientaciones neoliberales, es propiciar el funcionamiento flexible del mercado eliminando todos los obstáculos que se levantan a la libre competencia. Apenas es necesario decir que el neoliberalismo ha hecho suya la teoría del libre cambio en todas sus versiones y se ha apoyado en unas u otras para justificar su concepción del mundo como un gran mercado donde todos compiten en condiciones de igualdad entre cada país según sus posibilidades. Ello supone no solamente la exposición de la economía a la competencia internacional, sino la adopción de tipos de cambio flexible y en fin el desmonte de todo tipo de protecciones, estímulos y ayudas a los productores. En esas circunstancias, la confianza en la flexibilidad de la economía y en el papel de los precios para restaurar las situaciones de equilibrio, la regeneración de los equilibrios comerciales por la vía de la apertura y el tipo de cambio libre se constituyen en las orientaciones principales de la política económica.
Bajo esta perspectiva, en la última década todos los países de América Latina y el Caribe han realizado reformas estructurales orientadas hacia el mercado y a mejorar la eficiencia de la economía, a acelerar el crecimiento, etc. Estas reformas se han orientado principalmente a seis áreas: la liberación comercial, la política tributaria, la desregulación financiera, la privatización, la legislación laboral y la transformación del sistema de pensiones. Las reformas, por lo demás, han sido profundas en las áreas comercial, cambiaria, tributaria y financiera, de modo que tomando a América Latina y al Caribe en su conjunto, los promedios arancelarios pasaron de niveles de 44.6 % en los años previos a la reforma, al 13.1 % en la actualidad; los permisos y otras restricciones de tipo arancelario se redujeron considerablemente, se ha avanzado también en la unificación y la desregulación cambiaria, de modo que se ha reducido a 2 % el diferencial promedio entre los tipos de cambio de mercado y el oficial frente al 72 % de 1989. En lo tributario se ha generalizado el uso del IVA en sustitución de otros impuestos considerados como mas distorsionantes: las tasas de tributación a las empresas se han reducido a los niveles internacionales, se han desmontado los controles a las tasas de interés en la mayoría de los países, se han reducido los encajes por debajo del 20 % y se han modernizado los mecanismos de regulación y vigilancia de los sistemas financieros. América Latina ha sido la región líder de privatizaciones en el mundo durante los años noventa, y las ventas realizadas hasta 1994 representan más de la mitad del valor de las transacciones de privatización en los países en desarrollo. Por otra parte, las reformas laborales han sido escasas y poco profundas, como resultado de las respuestas sindicales y de la oposición política, y en materia de seguridad social, sólo seis países han empezado a reformar las estructuras administrativas y financieras y sus sistemas de pensiones introduciendo sistemas de capitalización individual.
Las consecuencias sociales y distributivas del neoliberalismo son materia que debiera evaluarse con mayor atención y menos pasión. Los sindicatos públicos han satanizado las privatizaciones y la reducción del Estado, los populistas han hecho de la apertura una caricatura, muchos gremios de la producción han reaccionado por el desmonte de los aranceles, todo ello como consecuencia de la reducción de sus privilegios. Pero del lado neoliberal los éxitos no han sido contundentes. Las privatizaciones han sido utilizadas en muchos países para negocios oscuros en las altas esferas, el crecimiento no está garantizado y en muchos casos tampoco la estabilidad, y en no pocos países los efectos sociales en términos de aumento de la pobreza han sido significativos. En los últimos tres años y por estas y otras razones, los gobiernos han venido siendo obligados a retroceder en muchos aspectos de la política de liberación, especialmente en lo que tiene que ver con la política comercial. En algunas partes la crisis fiscal ha obligado a imponer sobretasas a las importaciones, en otros casos, como en Venezuela, se ha revertido la liberación y unificación del tipo de cambio y en otros países se ha frenado considerablemente el proceso de privatización. De modo que la fuerza con que los modelos neoliberales se impusieron en la segunda mitad de la década de los ochenta y los primeros años de la década de los noventa parece estar en un ligero retroceso.
Los modelos neoliberales no parecen haber sido tan exitosos como lo propugnan sus defensores ni tan desastrosos como lo afirman sus críticos. Han contribuido a moderar el exceso de intervencionismo y sus consecuencias: ineficiencia económica, exacerbación de los monopolios, corrupción, inequidad en la distribución del ingreso etc.; ha contribuido a generar transparencia en los procesos económicos, mejoramiento de la productividad y el cambio técnico. Pero también ha contribuido a debilitar las políticas sociales, las posibilidades de acceso de los grupos pobres a los servicios básicos, ha concentrado los beneficios que brindan las oportunidades de mercado en unos pocos grupos, de modo que si antes no fueron claras las ventajas del Estado, ahora no son claras las ventajas del mercado. Hoy se esta buscando en la mayoría de los países una especie de punto medio entre el mercado y la intervención del Estado. El punto de discusión consiste fundamentalmente en la manera como el Estado puede ser controlado y vigilado en sus intervenciones, de modo que éstas realmente respondan a las necesidades colectivas y no a objetivos de los grupos burocráticos asentados en el Estado. Lo que parece avizorarse entonces es una discusión más abierta en términos de una mejor democracia para una mejor acción del Estado en la economía, es decir una capacidad mayor de control de la sociedad civil sobre el Estado, para asegurar una mayor gobernabilidad, entendida ésta

DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y LIBERTADES

Marco internacional

Los Estados siempre han considerado los derechos humanos un ámbito de actuación reservado respecto del que se muestran especialmente sensibles y atentos, ya que implica todos los aspectos económicos, sociales y culturales de la vida de un país. La evolución de las relaciones entre Estados ha hecho posible trasladar el reconocimiento de los derechos fundamentales de los marcos nacionales a la escena internacional a través de la adopción de una serie de convenios, todos ellos basados en la idea de que “algo se debe al ser humano por ser un ser humano”, independientemente de su entorno social y cultural

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (diciembre de 1948) constituye uno de los pilares del orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial. Completada con los dos Pactos internacionales de 1966 relativos a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos. sociales y culturales, confiere a toda la comunidad internacional la responsabilidad común de velar por el respeto, la protección y la promoción de los derechos inalienables del ser humano.

Además del sistema internacional de protección de los derechos humanos establecido en el marco de las Naciones Unidas, existen instrumentos regionales que “han reforzado la garantía de los derechos universalmente reconocidos en diversas partes del mundo. En Europa, el momento decisivo lo constituyo la elaboración, dentro del Consejo de Europa (creado en mayo de 1949), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es un instrumento de protección partícularmente avanzado, ya que permite a las personas presentar reclamaciones contra uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, procedimiento poco frecuente en Derecho internacional.

Un enfoque distinto preside las actividades de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Concebida en 1975 como un foro de consultas diplomáticas, la OSCE pasó a ser en 1995 una organización regional de pleno derecho, remodelada en función de los cambios derivados de la caída del muro de Berlín. Basada en una serie de compromisos de índole política, constituye hoy en día un instrumento regional de seguridad colectiva que estable(a un estrecho vínculo entre el respeto de los derechos humanos - designados con el calificativo de “dimensión humana”--y mantenimiento de la seguridad. La Carta de Paris por una nueva Europa, adoptada en noviembre de 1991, codificó los principios rectores de esa “dimensión humana”. Refrendada por el Presidente de la Comisión Europea, constituye la base sobre la que la OSCE orienta su actuación. Los principales ejes son la prevención, la negociación y el control de la aplicación de los compromisos suscritos por sus cincuenta y cuatro miembros.

El contexto internacional de reconocimiento de los derechos fundamentales ha evolucionado notablemente en los últimos años, observándose un refuerzo del carácter universal de los derechos humanos que abre el camino a un mayor diálogo y a una mayor cooperación entre los miembros de la comunidad internacional. Las actividades que se llevan a cabo en los foros internacionales y regionales conceden prioridad hoy en día a los siguientes objetivos:

• La intensificación de los compromisos de los Estados.
• La determinación de prioridades.
• El refuerzo de los mecanismos de aplicación.

La creciente toma de conciencia de la repercusión de los derechos humanos en la paz y la seguridad internacional y regional impulsa a la comunidad internacional a prestar cada vez mayor interés a la prevención en las actividades desarrolladas a favor del respeto de los derechos humanos. A ello cabe añadir la preocupación por intervenir en la fase más precoz posible en apoyo de las iniciativas encaminadas a respaldar y profundizar los procesos de transición democrática. Esta evolución se ha visto jalonada por una serie de conferencias internacionales organizadas en el marco de las Naciones Unidas (por ejemplo, las celebradas en Viena en junio de 1993 sobre los derechos humanos, Copenhague en marzo de 1995 sobre el desarrollo social y Pekín en septiembre de 1995 sobre las mujeres).


Derechos humanos y democracia en la Unión: una comunidad democrática basada en el Derecho

La construcción europea es un proyecto con finalidad democrática surgido de la voluntad política de algunos Estados democráticos de asociarse en una “organización de Estados” dotada de instituciones comunes cuya acción se basa en el respeto del Derecho. Para ello, los Estados fundadores crearon una comunidad de duración ilimitada dotada de instituciones propias, de personalidad jurídica y de capacidad de representación internacional. Ese proceso de integración por medio del Derecho y su método original diferencian fundamentalmente a la Unión Europea de las organizaciones establecidas por los tratados internacionales clásicos.

Al transferir competencias nacionales a la Comunidad Europea, los Estados miembros siempre han subrayado su intención de que la Comunidad respetara el Derecho cuando ejerciera sus facultades. En abril de 1977, una declaración común establece que las instituciones comunitarias se comprometen “en el ejercicio de sus facultades y con miras a alcanzar los objetivos de las Comunidades Europeas “ a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Así pues, la existencia de esta comunidad de derecho confiere a todo ciudadano europeo el derecho de solicitar la protección del Tribunal de Justicia cuando una decisión impugnada le afecte directa e individualmente.

Una Unión Europea más democrática

La evolución de una comunidad esencialmente económica hacia una entidad política y la creciente influencia de la legislación comunitaria en la vida cotidiana del ciudadano europeo han hecho más acuciante la necesidad de que las instituciones comunitarias reforzaran su legitimidad democrática propia.

En ese sentido, la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, que se hizo efectiva en septiembre de 1976, constituyó un momento decisivo. Posteriormente se han ido introduciendo otras reformas esenciales que han contribuido a democratizar el proceso de toma de decisiones, con una participación cada vez mayor del Parlamento Europeo. El Tratado de Maastricht amplió los ámbitos de aplicación del procedimiento del “dictamen conforme”, dando al Parlamento Europeo la última palabra en algunas decisiones. Le confiere asimismo la facultad de aprobación de la actual Comisión, facultad ejercida por primera vez al asumir esta última sus funciones en enero de 1995.

Por otra parte, las medidas que actualmente está estudiando la Conferencia Intergubernamental tienen por objeto simplificar el proceso de toma de decisiones a fin de aumentar su eficacia y su carácter democrático.

Ciudadania europea

Una de las innovaciones fundamentales del Tratado de Maastricht es la noción de ciudadanía europea, concebida no como un sustituto de las ciudadanías nacionales, sino como un “valor añadido” que refuerza el sentimiento de pertenencia del ciudadano a la Unión. Esa ciudadanía, que todavía ha de evolucionar, prevé para todo ciudadano europeo derechos específicos como el de votar o ser elegido en las elecciones europeas y municipales en el lugar de residencia, el de circular libremente, el de residir en el lugar que elija o el de contar con protección diplomática y consular en cualquier lugar.


Respeto de los Derechos Fundamentales

La finalidad democrática de la Unión Europea se manifiesta también en el principio según el que el respeto de los derechos fundamentales del ser humano constituye uno de los elementos esenciales de la pertenencia de un Estado a la Unión Europea, tal y como recuerda el Tratado de Maastricht. Dentro de las actividades de la Conferencia Intergubernamental, este principio de base podría hallar una prolongación en la posibilidad, actualmente en estudio, de sancionar a los Estados miembros responsables de violaciones graves y persistentes de los derechos fundamentales y principios democráticos.

Los Tratados constitutivos sólo contenían algunas disposiciones sobre derechos fundamentales como la libertad de circulación de los trabajadores y la prohibición de todo tipo de discriminación por motivos de nacionalidad o de sexo. El “Acta Unica Europea” (febrero de 1986) introdujo al cabo de treinta años las primeras referencias explícitas a los derechos fundamentales en un tratado comunitario.

Por su parte, el Tribunal de Justicia ha desarrollado una jurisprudencia que permite colmar la ausencia de normas de protección de los derechos fundamentales a escala comunitaria y confiere a los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de 1950 que se derivan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros el carácter de principios generales del Derecho comunitario.

No obstante, para colmar las lagunas y las diferencias de interpretación que puedan existir entre el Tribunal de Justicia y los órganos de control del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en lo que se refiere al alcance de los derechos fundamentales, dado que los actos jurídicos de la Comunidad escapan a los mecanismos de control del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (contrariamente a las medidas adoptadas por los Estados miembros), la Comisión Europea solicitó al Consejo en 1990 que le confiriera un mandato de negociación que le permitiese establecer las modalidades de adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Frente a las dificultades técnicas que planteaba tal adhesión, el Consejo solicitó el dictamen del Tribunal de Justicia, que, en vísperas del inicio de la Conferencia Intergubernamental, llegó a la conclusión de que era preciso revisar el Tratado para que la Comunidad pudiera suscribir el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. El debate sigue abierto.

Se ha previsto, por otra parte, ampliar considerablemente la gama de motivos en los que podría apoyarse la acción de la Comunidad para prohibir todo tipo de discriminación, lo cual podría plasmarse en la incorporación de una nueva cláusula de no discriminación de mayor alcance que las disposiciones existentes, exclusivamente referidas a la nacionalidad y al sexo. Se pretende aclarar estas diversas cuestiones en la Conferencia Intergubernamental .

Por otra parte, sobre la base de los fundamentos jurídicos ya presentes en los Tratados constitutivos, se han adoptado diversas iniciativas a fin de reforzar la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito social. Cabe mencionar dos recientes ejemplos:

• Una directiva por la que se establece el reparto de la carga de la prueba entre la parte demandada y la parte demandante en los casos en que se alegue discriminación sexual.
• La consulta emprendida por la Comisión entre los interlocutores sociales para reforzar la lucha contra el acoso sexual en el lugar de trabajo.

La importancia que reviste el respeto de los derechos fundamentales en el proceso de construcción europea ha planteado no sólo la necesidad de reforzar la protección y promoción de los derechos y libertades en el contexto comunitario, sino que también ha permitido desarrollar iniciativas concretas para impulsar y completar las medidas aplicadas a escala nacional.

En 1986, la multiplicación de los signos de hostilidad y de los actos de violencia en contra de la población inmigrada en Europa llevó a las instituciones comunitarias a comprometerse en una declaración común a favor de la lucha contra el racismo y la xenofobia. Dicha declaración hacia hincapié en la importancia que revestía concientizar a los ciudadanos sobre los peligros del racismo y la xenofobia y luchar contra todo tipo de discriminación. Posteriormente tomaron partido instituciones como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, llegándose en 1994 al establecimiento de una estrategia global para reforzar la acción, principalmente en los sectores de la educación y la formación, la información y los medios de comunicación, la policía y la justicia. De este modo, la Unión ha contribuido a la creación de una red de iniciativas concretas, dirigidas en particular a los interlocutores sociales, que se han plasmado en proyectos piloto desarrollados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de inmigrantes. Tales medidas se han prolongado con la designación por parte del Consejo del año 1997 como ?Año europeo contra el racismo? .

La política de inmigración y el derecho de asilo son aspectos importantes del programa político de la Unión y desde 1991 han sido objeto de varias comunicaciones de la Comisión. Este tema plantea cuestiones complejas y urgentes que el Tratado de Maastricht incluyó en el orden del día de las actividades de la Unión, afirmando al mismo tiempo su vínculo indisociable con los valores de justicia social y de respeto del ser humano que constituyen la base del patrimonio europeo. La elaboración de un planteamiento global ha de combinar los siguientes aspectos:

• La coordinación de los sectores tradicionales de actividad como, por ejemplo, la política social.
• Los aspectos que asocian la política exterior y de seguridad y el comercio.
• Los instrumentos de cooperación y desarrollo.
• La política migratoria.

También es preciso un planteamiento europeo coherente para luchar contra fenómenos en expansión tales como la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. La Comunidad Europea pone todo su empeño en contribuir a la creación de mecanismos gracias a los que se pueda reaccionar rápidamente en situaciones de crisis y en aportar por mediación de organizaciones y asociaciones especializadas una ayuda directa a las víctimas de este tipo de violencia.


Que hace la Unión para fomentar el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos fuera de sus fronteras?

En el contexto Internacional, en el que se aprecia, en particular, el refuerzo del carácter universal de los derechos humanos, la Unión Europea ha creado progresivamente una identidad propia con miras a la promoción de los derechos humanos y de las libertades democráticas fuera de sus fronteras. En este ámbito se franqueó una etapa decisiva con el Tratado de la Unión Europea, que, por primera vez, incluía disposiciones relativas a los derechos humanos y al refuerzo de la democracia.

Principios de la acción europea

La acción de la Unión Europea se sustenta en el marco general de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, completada por los dos Pactos internacionales de 1966 relativos a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales. Los principios de la acción de la Unión son los mismos que los que forman la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos:

• El principio de la universalidad de los derechos humanos, que subraya la existencia de valores comunes a la humanidad.
• El principio de la indivisibilidad, que prohibe toda jerarquización entre, por una parte, derechos civiles y políticos y, por otra, derechos económicos, sociales y culturales.
• El principio de la interdependencia entre derechos humanos, democracia y desarrollo, que corresponde a una nueva definición del desarrollo centrada en el ser humano como poseedor de derechos fundamentales y beneficiario del proceso de desarrollo.

El corolario de tales principios es la relación de complementariedad que une los conceptos de derechos humanos y democracia: si el respeto de los derechos humanos es condición indispensable para el completo desarrollo de cada individuo, la sociedad democrática es una condición previa para el ejercicio de tales derechos puesto que constituye el marco general en el que se integran; los derechos humanos son, por su parte, condición sine qua non para que exista una sociedad democrática, ya que ésta se basa en la aportación voluntaria e individual de cada persona a la vida de la comunidad.

Otro principio fundamental es la relatividad del principio de no injerencia: los derechos humanos constituyen un elemento Importante y legítimo de las relaciones entre Estados y ninguno de ellos puede, amparándose en el principio de no injerencia, rechazar que otros Estados manifiesten su preocupación ante la violación de los derechos humanos.


Los socios de la Unión Europea

Los principales socios de la acción comunitaria son los Estados, directamente responsables de la construcción democrática y del respeto de los derechos fundamentales. El mantenimiento y la profundización del diálogo con las diversas autoridades estatales y las instituciones nacionales resultan esenciales a la hora de establecer prioridades comunes y, sobre esa base, elaborar programas de acción.

No obstante, la Comunidad apoya asimismo a los diversos componentes de la sociedad civil, ya sean organizaciones no gubernamentales, centros de formación e investigación, sindicatos o medios de comunicación, cuya contribución resulta decisiva para la construcción y la consolidación de la democracia v del Estado de Derecho.

El modelo de asociación establecido con tales organizaciones difiere del de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, ya que no concede “estatuto consultivo” a las organizaciones no gubernamentales, pero hace, empero, de esos “portavoces” de los individuos y de los pueblos un vector esencial de la política comunitaria de promoción de los derechos fundamentales.

La eficacia de la acción de la Unión se basa asimismo en la movilización de las demás organizaciones internacionales y regionales que actúan en el ámbito de los derechos humanos, creando una sinergia cada vez más estrecha. Ejemplo de ello es el Pacto de estabilidad Impulsado por la Unión en diciembre de 1993 con el objetivo de contribuir a la consolidación de las fronteras y al apaciguamiento de las tensiones entre minorías nacionales, principalmente en las nuevas democracias de Europa Central y Oriental, cuya aplicación fue confiada a la Organización de Seguridad Y Cooperación en Europa (OSCE).

Siempre a escala europea, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la protección de las minorías nacionales llevó al Consejo de Europa y a la Unión Europea a poner en común sus medios de acción y sus recursos propios a fin de alcanzar objetivos comunes. También se ha establecido una estrecha cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo en forma de contribución de la Unión al despliegue de la misión de observadores de los derechos humanos en Ruanda.

Instrumentos

Para llevar a cabo su actuación, la Comunidad Europea dispone de una amplia gama de instrumentos. Uno de los más innovadores es la incorporación de una cláusula relativa a los derechos humanos en los acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros países. Esta disposición, que define los derechos humanos como ?elemento esencial? de las relaciones entre ambas partes:

• Contribuye a hacer del respeto de tales derechos un tema de interés común y un elemento esencial del diálogo, dando paso, si procede, a una mayor cooperación en este ámbito.
• Permite recurrir, en su caso, a medidas restrictivas en caso de violación grave y persistente de los derechos humanos o de Interrupción peligrosa del proceso democrático.

En 1995 el Consejo decidió reforzar este dispositivo añadiéndole una cláusula gracias a la cual puede reaccionarse rápidamente ante una violación grave de los derechos humanos.

Otro medio para impulsar la acción comunitaria lo constituyen los considerables recursos financieros que permiten llevar directamente a la práctica los compromisos en aquellos lugares en que se necesitan. Por iniciativa del Parlamento Europeo, una parte del presupuesto comunitario se dedica específicamente a la promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos en diversas zonas geográficas, de acuerdo con orientaciones ?temáticas? amplias. Ese presupuesto específico ascendía a casi 90 millones de ecus en 1996. Otros recursos, frecuentemente de mucha menor cuantía, proceden de los créditos de asistencia y de cooperación financiera.

Ambitos de acción de la Unión

La Unión Europea ha determinado progresivamente una serie de ámbitos de acción sobre la base de un planteamiento integrado que toma en consideración la interacción entre derechos humanos, democracia y desarrollo. En una resolución del Consejo y de los Estados miembros (noviembre de 1991) se establecen orientaciones, procedimientos y líneas de acción concretos, que se plasman ante todo en un inventario no exhaustivo de las iniciativas que han de emprenderse. Por otra parte, en el Tratado de la Unión se establece una estrecha relación entre política de desarrollo y respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho. En este contexto, la Comunidad ha adoptado un planteamiento positivo financiando diversos proyectos y programas en sectores determinados en función de la diversidad de las situaciones locales, de las sensibilidades y de las necesidades.

Apoyo al proceso de transición democrática

Es ésta una nueva temática vinculada a la creciente toma de conciencia de la necesidad de intervenir en la fase más precoz posible de los procesos de transición democrática por medio de medidas auxiliares y de estímulo. Un elemento clave de este enfoque es la asistencia electoral, gracias a la cual se pueden alcanzar los siguientes objetivos:

• Apoyar el proceso electoral con proyectos a más largo plazo como la formación de los agentes electorales, la asistencia técnica y jurídica en la redacción de las leyes electorales, el apoyo a la realización de censos electorales.

• Lograr una gran repercusión política y un nivel de visibilidad que superan el de las iniciativas tradicionales.

En el transcurso del período 1990 1995, la Unión Europea suministró a través de organismos especializados un apoyo de carácter esencialmente técnico a cuarenta y cuatro países. Las actividades realizadas varían según las situaciones. Se trata de ayudas especificas con miras:

• a la emergencia de una sociedad civil, incluida la participación de mujeres como candidatas y como electoras informadas,
• a la concienciación de los medios de comunicación,
• a la educación cívica o
• a la formación de estructuras parlamentarias.

La dimensión política inherente a este tipo de intervención ha hecho que tres de las primeras actuaciones comunes decididas por la Unión Europea dentro de la nueva política exterior y de seguridad común (PESC) hayan consistido en la asistencia electoral en Rusia (diciembre de 1993) o en Sudáfrica (mayo de 1994) y en el apoyo al proceso de paz en Oriente Medio (abril de 1994).


Actividades de preparación y observación
De las elecciones palestinas

En abril de 1994 la Unión Europea aprobó una acción común para aplicar un programa de ayuda a la preparación y o la observación de las elecciones palestinas. Esa asistenda permitió contribuir a actividades preparatorias de las elecciones como por ejemplo:

• La redacción de la ley electoral.
• La creación de oficinas electorales a escala nacional y local.
• La creación de una oficina de prensa.
• El establecimiento de circunscripciones electorales.
• La organización de una campaña de educación cívica.
• La formación de los agentes electorales y el suministro de material electoral (papeletas de voto, etc).

Al solitársele en septiembre de 1995 que coordinara y participara en la observación de las elecciones la comunidad decidió en estrecha colaboración con los Estados miembros enviar un equipo de 300 observadores así como una “ Unidad electoral europea” encargada de coordinar las actividades de observación internacional.


- Promoción y consolidación del Estado de Derecho

Uno de los elementos clave del éxito de los procesos de transición democrática reside en el apoyo que se da a la creación o consolidación del Estado de Derecho, que requiere reformas legislativas y políticas a fin de garantizar la primacia del Derecho, la independencia de los jueces, la transparencia del proceso de toma de decisiones y la instauración de un orden jurídico que ofrezca garantías legales en cuanto al respeto de los derechos del ciudadano. La Unión ha apoyado iniciativas destinadas a hacer frente a carencias graves del sistema judicial y a contribuir a la humanización del sistema penitenciario en numerosos países a través, por ejemplo, de los siguientes medios:

• Apoyo al refuerzo y a la independencia del poder judicial.
• Actividades de asistencia jurídica a los detenidos o de refuerzo de los servicios de defensa pública.
• Contribución a la lucha contra la impunidad, como en el caso de un programa de ayuda judicial en Haití que incluye el apoyo a la Comisión Nacional en pro de la Verdad y la Justicia.
• Apoyo a proyectos dirigidos a reforzar los derechos de defensa, en favor de los mineros en particular, y a promover los principios fundamentales de justicia dentro de las reformas emprendidas en ciertos países en los que los niños o los presos son víctimas de violencia política y social.
• Apoyo de la función de los magistrados y de los abogados, que también desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos fundamentales.
• Actividades de formación, basadas en el respeto del Estado de Derecho, del personal de las fuerzas armadas y de las de policía y seguridad.

Acción de la Unión en Latinoamérica

La comunidad contribuye a llevar a la práctica iniciativa de carácter institucional basadas en tradiciones jurídicas originales. La ayuda concedida se centra en la infraestructura de información de asistencia y de formación como, por ejemplo, la oficina del Fiscal para la defensa de los Derechos humanos en Guatemala, la Defensoría del Pueblo en Colombia, la institución del Defensor del Pueblo en Panamá, o la oficina del Conciliador en Guatemala.

Otras medidas contribuyen a reforzar los ministerios públicos, bien a través de asistencia técnica (Honduras), bien mediante el apoyo a las actividades de formación (Guatemala). Uno de los programas desarrollados en Centroamérica se dedico a seguir los casos presentados ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Otro proyecto aplicado en los once países de Centroamérica consiste en la celebración de seminarios que reúnen a jueces, fiscales y abogados, con el fin de desmultiplicar los programas de formación jurídica en cada uno de los paises interezados. Gracias a este programa también puede mejorar el funcionamiento de las bibliotecas jurídicas de tales paises.


Habida cuenta de la gravedad de ciertas situaciones en que la impunidad de los autores de violaciones graves crea un clima de inseguridad propicio a nuevos actos de violencia, las actividades de prevención integran asimismo aspectos “represivos”: cabe citar, por ejemplo, la creación de los tribunales penales internacionales especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, a los que la Unión Europea ha prestado apoyo activo.


Apoyo a los tribunales penales internacionales

Por iniciativa del parlamento Europeo la comunidad ha apoyado iniciativas específicas que han contribuido al comienzo de las actividades de tribunales internacionales especiales. Por otro parte, se han encomendado a ONG especializadas tareas de apayo con diversos objetivos (con un presupuesto global del orden de 3,1 millones de ecus):

• Protección y apoyo de la victimas que declaran como testigos.
• Puesta a disposición de un equipo de asistentes jurídicos.
• Concienciación sobre las funciones del tribunal.
• Medidas para recoger nuevos testimonios.
• Creación de centros de documentación y de una base de datos.
• Seguimiento técnico de las actividades del tribunal.
• Concesión de un servicio de videoconferencia, etc.

Tales proyectos favorecen la contribución de la sociedad, catalizan la participación del ciudadano y multiplican los intercambios de experiencias. En ellos desempeña un papel central la educación, ya se trate de inculcar valores de paz, de reconciliación y de respeto del ser humano o de preparar para la utilización de técnicas de negociación y gestión de los conflictos sociales.