EL DELITO SI PAGA EN COLOMBIA

EL DELITO SI PAGA EN COLOMBIA
Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

El proceso que busca judicializar las relaciones del crimen organizado con la clase política enfrenta muchos obstáculos y muchos enemigos tanto en el Poder Ejecutivo, comenzando con el propio Presidente de la República, como también en el propio poder judicial. El fenómeno de interrelación entre la clase política tradicional y los poderes paramilitares contaron con múltiples cómplices en el Estado, comenzando por las relaciones con la fuerza pública, tanto con el Ejército como con la Policía y con los organismos de inteligencia del Estado. La desclasificación de una serie de documentos secretos, realizada recientemente en los Estados Unidos, muestra las relaciones de generales de la República (Harold Bedoya, Rito Alejo del Río y Carlos Alberto Ospina) con los poderes paramilitares. El Gobierno de los Estados Unidos lo sabía y no hizo nada y hasta ahora no ha hecho más que atornillar a un conjunto de militares comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos. Esta es la doble moral norteamericana que esperamos que el presidente Barack Obama, rectifique, aunque parece que sería pedir demasiado. Como se sabe el paramilitarismo llegó a tener y aún conserva una cuota del 35% del Congreso de la República, según pública declaración de Salvatore Mancuso. Investigaciones independientes han documentado que a sangre y fuego, sobre los cadáveres de miles de líderes sociales, líderes sindicales, líderes de organizaciones de derechos humanos y de partidos de la oposición, se hicieron al control de 251 alcaldías en el año 2003 y repitieron en el año 2007 con la elección de alcaldes de partidos organizados por los paramilitares o que se convirtieron en sus representantes políticos, en éstas ultimas elecciones eligieron unos 252 Alcaldes y siguen en aproximadamente 12 gobernaciones del país.
Un reciente informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública frente al desplazamiento forzado indica que en los últimos 11 años los criminales se quedaron con 5.5 millones de hectáreas de tierra de la población desplazada. “De esta forma, de acuerdo con los datos de la II Encuesta Nacional de Verificación, el total de hectáreas abandonadas sería del orden de los 5,5 millones de hectáreas que equivalen al 10,8% de la superficie agropecuaria del país(1). De manera que si el abandono de las tierras fue masivo por la enorme cantidad de familias que involucro –cerca de 385.000 familias- su magnitud en términos de superficie también alcanza una proporción sensiblemente elevada. Los grupos familiares que actualmente no están inscritos en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD- abandonaron predios que tenían en promedio 12,8 hectáreas, en comparación con 14,7 hectáreas para aquellos grupos familiares inscritos en el Sistema Oficial de Registro, lo que tiende a confirmar lo afirmado anteriormente en el sentido de que, en promedio, las familias que no están inscritas en el RUPD estaban antes del desplazamiento en condiciones más desfavorables que los grupos de familias inscritas.
De acuerdo con los resultados de esta misma Encuesta el área total dejada de cultivar ascendería a 1.118.401 hectáreas a lo largo de los once años de desplazamiento contemplado en este estudio, con un promedio de 101.673 hectáreas abandonadas por año. La primera cifra representa cerca de un 25% del área cultivada del país y la segunda cerca del 2,3%. En la medida en que éstas áreas dejadas de cultivar por la población desplazada no estén siendo aprovechadas eficientemente o se hayan destinado a ganadería extensiva, se habría producido una disminución de la producción agrícola del país, lo cual podría constituirse en uno de los factores que explican el menor dinamismo del producto interno bruto del sector en los últimos años.
Finalmente el mismo informe señala que el 49% de los grupos familiares que componen la población desplazada registraban ingresos familiares mensuales por encima de la línea de pobreza con antelación a su desplazamiento, ingresos mayores a 900.000 mil pesos mensuales, mientras que actualmente tan sólo el 3,4% de los mismos se encuentran en esta situación. Visto de otra forma, la pobreza habría pasado del 51% al 97% y la indigencia del 31,5% al 80,7%. De manera que una de las consecuencias más relevantes del desplazamiento es que ha deteriorado de forma radical los niveles de ingreso de los grupos familiares desplazados y, consecuentemente, ha postrado a un amplio sector de familias colombianas en la pobreza y la indigencia. Las consecuencias sobre los niveles de pobreza y miseria actuales de la sociedad están por establecerse pero es evidente que este impacto es de proporciones importantes.(2)
Ahora bien, que en el país se haya violentado y despojado de sus propiedades a cerca de 400.000 familias sin que se haya perseguido a quienes produjeron este despojo muestra a todas luces el poder de estos criminales con relación al poder público y su grado de penetración y de dominio en las instituciones del Estado. Tienen tal poder que aprobaron una ley para reducir de 20 años a 5 la vigencia de los títulos de propiedad. Todo ello lo hicieron a ojos vistas en un Congreso que como señaló Salvatore Mancuso estaba compuesto hasta en un 35% por representantes de los grupos paramilitares. ¿Dónde han estado los medios de comunicación y los organismos de la justicia (Fiscalía, Rama Judicial, organismos de control como Procuraduría y demás organismos públicos) y aún, dónde ha estado la propia oposición política? ¿Qué hace frente a este despojo, qué acciones hay que promover para que no se consume el mayor proceso de contrarreforma agraria que se ha producido en los últimos once años en el país?
Como se sabe por el delito del desplazamiento forzado no hay más de mil investigaciones judiciales en todo el país y que sepamos no hay condenados. Esta es la más completa impunidad. Entretanto los parapolíticos comienzan a salir de las cárceles después de pagar irrisorias condenas con el cuento de trabajo agrícola, tiempo de rebajas por estudio y para colmo, un juez acaba de mandar para la casa el ex senador Luís Eduardo Vives, condenado a más de siete años por la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que Vives es un padre de familia que debe estar en su casa al lado de sus hijos. ¿Acaso los aliados del senador Vives tuvieron consideración con los cientos de masacrados en la Ciénaga del Magdalena y con los miles de huérfanos y de desplazados que mendigan en las calles? Aquí el único organismo judicial que ha sacado la cara por el Estado de Derecho y por los derechos de la población desplazada, ha sido desde el año 2004, la Corte Constitucional y dentro de ella la Sala Segunda de Revisión presidida por el Magistrado Manuel José Cepeda e integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil. Han desarrollado un activismo judicial admirable que siempre ha chocado con los Andrés Felipes Arias que pululan en el Gobierno de Uribe para negar los derechos de los desplazados. La reposición de tierras a las familias desplazadas es una vergüenza, pues, no cubre siquiera a 20.000 familias en los últimos once años. Este es el régimen.
Entretanto, el presidente Uribe promueve una reforma política para favorecer a todos los parapolíticos que lo apoyaron y lo siguen favoreciendo en el Congreso de la República aprobando sus antidemocráticos proyectos, aprobando su reelección y ahora furtivamente en media noche, como los ladrones, aprueban la convocatoria de un referendo para someter a consideración del pueblo una nueva reelección presidencial para que siga favoreciendo a todo este bloque de criminales desde el poder. Esta es la realidad. Por ello también cabe destacar la encomiable labor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que sigue empeñada en llevar adelante la investigación judicial para develar los nexos de los políticos con los grupos paramilitares mafiosos y narcotraficantes.
UNA GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA ES LA ALTERNATIVA POLÍTICA
De manera desafiante la coalición gubernamental se reparte los puestos, se apropia del presupuesto público y se quiere perpetuar en el poder mediante la figura de la reelección indefinida de Uribe que es el gran director de Orquesta. La reelección quebrantó la división de poderes y afectó de manera determinante la independencia de la rama judicial y la capacidad investigadora de la Fiscalía General de la Nación. Ahora todos a una y argumentando los niveles de popularidad de Uribe, aprueban exoneraciones para los parapolíticos mediante una reforma política que no establece sanciones sino cuando haya terminado el período de estos parlamentarios. Se aprestan ahora a postular a candidatos que sean incondicionales del Ejecutivo para la Corte Constitucional como ya lo hicieron en el Consejo Superior de la Judicatura. En fin, acentúan la toma de las instituciones del Estado para garantizar la impunidad. Frente a este oscuro panorama los partidos de la oposición y las fuerzas sociales no damos, como se dice popularmente, pie con bola.
Mientras el país se hunde en la ignominia los principales debates de la oposición se realizan en torno a las reglas del juego, a la mecánica electoral. Nos parece que lo que hay que plantear desde ya con reelección o sin ella es la conformación de una Gran Coalición Democrática Política y Social alrededor de un programa mínimo que tenga como propósito ser Gobierno para emprender las reformas políticas y sociales que no dan espera. En este programa deberían ocupar un lugar destacado los temas de la economía redistributiva que contribuya a la superación de la pobreza, que relance el mercado interior en la producción de bienes y servicios de consumo masivo de la población al tiempo que enfrente de manera adecuada el tema del narcotráfico y el crimen. Que levante banderas contra la impunidad y propuestas de reforma a la justicia sobre la base del castigo a los criminales y sus aliados en el conjunto de las instituciones estatales. Un programa que promueva una reforma política que busque extirpar el cáncer de la corrupción y que castigue a todos los partidos políticos a quienes se comprueben nexos con el narcotráfico y con los grupos armados ilegales. Un programa que repare de manera ágil a los millones de campesinos despojados por los criminales de sus tierras y de sus animales. Este debe ser el propósito de los demócratas en esta coyuntura. Con un programa mínimo deberían acordarse procedimientos y reglas del juego que garanticen un candidato único a la Presidencia de la República mediante el sistema de la consulta entre todos los precandidatos y una cruzada nacional para recuperar el Congreso de la República y para expulsar del mismo por la vía del castigo ciudadano a todos aquellos aliados de los criminales. Esta es a nuestro juicio la tarea del momento. Hay que construir una gran coalición de todos los partidos de la oposición, de sectores decentes del uribismo y de los movimientos y organizaciones sociales. Hay que convocar a esa Gran Coalición por la democracia y la Salvación Nacional.
(1) La superficie agropecuaria del país fue calculada para el año 2006 en 51.169.651 hectáreas, constituida por 38.804.661 has de pastos y rastrojos (superficie pecuaria) y 3.579.929 has en cultivos (Ministerio de Agricultura, Anuario estadístico). En el año 2008 el Ministerio reporta una superficie agrícola de 4.336.596 has (Dirección de Política Sectorial). Se desconoce la explicación de esta diferencia.
(2) Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, XII Informe a la Corte Constitucional. Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Luís Jorge Garay Salamanca, director. Bogotá enero de 2009.